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El Derecho al olvido en Internet

Han probado a escribir su nombre o el de cualquier otro conocido, en juego simple de azar, en un eufemístico absurdo: motor de búsqueda y, esperar, en un dilatado instante, los posibles resultados: San Google dice [...]

Pues lo que dice es lo que hay o no [...]

El caso es que, actualmente, los tiempos marcan un uso habitual y genérico de estas herramientas para conocer el perfil personal de un potencial: cliente, proveedor, inquilino, empleado, compañero, vaya usted a saber [...]

La cadena viral denominada reputación digital deviene, fundamentalmente, de la actividad de los motores de búsqueda. Es evidente que estos desempeñan un papel decisivo en la difusión global de todo tipo de datos, incluidos los de carácter personal, en la medida en que facilitan su acceso a todo internauta (desde el típico, aquí me incluyo, vikingo con pantalones cortos y ordenador portátil a "autenticas" empresas caza/datos).

La cosa, como no podía ser de otra forma, se complica muchísimo cuando unimos global, información, "putada" de las gordas y derechos fundamentales.

Por un lado el denostado derecho a la libertad de información, por otro, la idea del respeto fundamental a la vida privada (que engloba el derecho al olvido) y en medio la rueda que no se detiene del acceso universal al espacio/tiempo ilimitado.

La sociedad moderna y el uso mayoritario de las herramientas informáticas, canales abiertos de información compartida, la nube, el grillo enjaulado y todo ese chiringo de venta de datos sin controlar, la celestina de huevos de oro, dispositivos móviles, ausencia de privacidad y aquellos, en algunos casos, maravillosos años.

A todo esto, una mañana cualquiera del horrible mes de mayo, uno se levanta con la noticia de que el Tribunal de Justicia de la Unión, ha dictado sentencia, y, está, es de las buenas (se lo han currado, dice Paco).

Pues eso, el típico caso de hasta aquí hemos llegado: no me llame usted más.

Uno, hijo del ensoñado hidalgo, cansado de escribir su nombre y que el buscador le remitiese a enlaces de unas páginas de archivo de un periódico que contenían anuncios que mencionaban el nombre del interesado en relación a una subasta inmobiliaria vinculado a un embargo por deudas a la Seguridad Social que, pasados los años, algo así como [16] estaba ya cancelada, lo dicho "putada de las gordas" [...]

Otro, que los datos eran, en origen, exactos y, además, legítimos por cuanto habían sido publicados a instancias del propio Juzgado (aquello de la difusión pública de la subastas judiciales). Igualmente, que en virtud del principio de proporcionalidad, lo lógico, [dice] sería formular la solicitud que tuviese por objeto la eliminación de cualquier tipo de dato -directamente- contra el editor del sitio de Internet, puesto que este último, es quien dispone de los medios más eficaces y menos restrictivos para hacer que esa información resulte inaccesible.

A uno y otro responde la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión, en la reciente Sentencia de 13 de mayo de 2014, en lo que se viene a llamar, de forma recurrente: el Derecho al olvido en Internet.

Esto es, la posibilidad [derecho] de que cualquier ciudadano realice una solicitud de oposición, supresión y/o cancelación respecto de aquellos datos de carácter personal que afecten a su vida privada (lógicamente, la ponderación del interés público en disponer de esta información puede variar en función de la naturaleza de los datos y del papel que esa persona desempeñe en la vida pública).

Pues bien, este derecho podrá exigirse directamente contra el gestor de un motor de búsqueda: llámese San Celestial o "buen" Rey Visigodo. Así, esté quedará obligado a eliminar de la lista de resultados (obtenida a partir del nombre de una persona) aquellos vínculos a páginas web, que ofrezcan información relativa a cualquier ciudadano, aunque dicho nombre y/o contenido no se borren previa o simultáneamente de estas páginas, y, en su caso, aunque el contenido publicado por estos editores digitales sea, en sí mismo, lícito.

Dicho de otro modo, la actividad de Google como proveedor de contenidos que consiste en localizar información publicada y/o incluida en la red por terceros, indexarla de forma automática, almacenarla temporalmente y, finalmente, ponerla a disposición de los internautas con un cierto orden de prelación: queda comprendida dentro del concepto de tratamiento de datos y, por ende, en el ámbito de protección de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, que se traspone a nuestro derecho patrio a través de la conocida, Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

Pues eso, una cosa lleva a la otra y a partir de ahora, mediante el protocolo establecido por Google a través de un formulario online, los ciudadanos europeos podrán ejercitar su derecho al olvido. No parece muy tarde, desde la publicación del fallo del Tribunal de la Unión la compañía norteamericana ha recibido más de 40.000 peticiones para bloquear o suprimir datos [malo será que al buscar nuestro nombre no aparezca un "se olvidó"]

Alberto de Diego
Asesoría Jurídica Empresarial

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