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Los becarios y la isla de Lubang

Es historia infausta, quizás, también un poco sorprendente, seguro cómica y cuanto menos recurrente ficción simbólica, la que narra las cruentas experiencias de los soldados japoneses "olvidados" durante la II Guerra Mundial.

Hablamos sin duda de los valientes soldados japoneses que inspirados por el código de honor y lealtad samurái el "Bushido", preferían suicidarse o lanzarse en ataques desesperados contra los enemigos antes que entregarse y ser hechos prisioneros.

Precisamente, esta circunstancia explicaría la baja proporción de prisioneros entre el ejercito japonés y sería el motivo para entender - lo que no implica aceptar- que el gobierno de este país diese, en multitud de ocasiones, por muertos y no por desaparecidos a sus insignes ciudadanos.

La historia, que no la leyenda, sitúa en la isla filipina de Lubang a uno de los últimos soldados japoneses aparecido, esto es lo singular, casi 30 años después de finalizada la guerra.

Seguía este "inquebrantable" soldado luchando contra un enemigo, ahora ya, inexistente. Se había acomodado en el olvido silencioso y tardío de las guerras que nunca se ganan.

La reciente Sentencia de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo de fecha 21 de mayo de 2013 (Rec. 171/2012), viene a incidir en el "olvido" actual que incomprensiblemente sufren los estudiantes universitarios que realizan practicas externas en empresas para completar, a desuelas, su ciclo formativo. Esto es, los infortunados Becarios.

La referida Sentencia anula por cuestiones de orden público (sin entrar en el fondo) el Real Decreto 1707/2011, de 18 de noviembre, por el que se regulaban las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios.

Lo significativo de este circunstancia, es que ciertamente el mencionado Real Decreto en su Disposición Adicional Primera, excluía del ámbito de aplicación de la Seguridad Social, a los estudiantes universitarios que realizasen prácticas externas regladas por las normas de la correspondiente titulación, con independencia, de que estas fueran curriculares (integradas en el Plan de Estudios) o extracurriculares (no comprendidas dentro del Plan de Estudios y por tanto, voluntarias).

Pero no quiere esto decir, que los Becarios quedasen desprotegidos ante eventuales contingencias, sino que la cobertura de las mismas, estaba amparada en su condición de estudiantes (no existiendo relación laboral con la empresa).

Así, en el artículo 7 del referido Real Decreto 1707/2011, se detallaban los aspectos básicos que debía contener el Convenio de Cooperación Educativa firmado entre la Empresa y la Universidad. Y entre las cuestiones que debía recoger el Convenio de Cooperación Educativa se encontraba el régimen de suscripción y pago de los seguros, tanto de accidentes como de responsabilidad civil.

En definitiva, los Becarios universitarios a los que se aplicaba el Real Decreto 1707/2011, estaban cubiertos por un seguro de accidentes quedando fuera del ámbito de protección de la Seguridad Social, y por ende, de la obligación de cotizar.

En la actualidad y a la espera de que el Consejo de Estado se pronuncie, y el Gobierno, en su caso, dicte un nuevo reglamento – recordemos que el fallo de la sentencia no entra en el fondo sino que señala la retroacción de las actuaciones – estaremos ante una situación de carácter transitorio siendo aplicable el Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre.

Por consiguiente, los becarios siempre que reciban una contraprestación económica, conocida como bolsa o ayuda al estudio, estarán, a mi entender, obligados a cotizar y ello, como señalábamos, a la espera del pronunciamiento de la Comisión Permanente del Alto Órgano Consultivo del Gobierno.

El contexto económico actual, caldo de continuas reformas, especialmente las que afectan a los más jóvenes, parece relegar esta singular figura al igual que los nobles soldados japoneses olvidados en la isla de Lugang.

Alberto de Diego.
Especialista Laboral.

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